CASI PERFECTA
HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE
Hubo un tiempo en que los políticos les temían a los militares, porque éstos demostraron, en 1973, que aquéllos no podían hacer lo que se les ocurriera con el país, como organizar un ejército clandestino para tomarse la totalidad del poder, usurpar por la fuerza empresas y fundos, torturar a opositores pacíficos, atacar en las calles a mujeres manifestantes y saquear servicios públicos, usándolos como caja pagadora de guerrilleros chilenos y extranjeros contratados para hacer la revolución.
Cuando los uniformados devolvieron el poder al gobierno elegido según la Constitución que el pueblo se había dado en 1980, a propuesta del gobierno de entonces, los políticos todavía les temían a los militares y por eso respetaban dicha Constitución y las leyes. Pero uno de ellos, que había respaldado el pronunciamiento de 1973, Patricio Aylwin, empezó a caminar por la cuerda floja y organizó una comisión inconstitucional para juzgar la acción del Gobierno Militar contra los grupos armados. Pues nadie puede en Chile ser juzgado por comisiones especiales, pero los militares lo fueron por ésa. Y, pese a haber sido designados en la propia Constitución como garantes de la institucionalidad, no garantizaron nada y aceptaron ser puestos en la picota pública de la denigración, sin chistar, teniendo un órgano constitucional donde chistar.
Envalentonado, Aylwin dio otro paso inconstituccional: mandó una carta a la Corte Suprema ordenándole no aplicar la amnistía para extinguir los juicios contra militares. La Corte acató la carta. Y los uniformados siguieron sin chistar. Entonces ya todo el mundo se empezó a dar cuenta de que no eran los mismos del '73 y, comenzando por los jueces de izquierda, con gran apoyo de los políticos de dicho sector y de centro, e incluso algunos de derecha, les fueron faltando cada vez más el respeto, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda, pues carecían del derecho de todos los demás a que se les respetaran las atribuciones establecidas en su favor por las leyes.
Ya, entonces, los políticos civiles, contando entre ellos a los jueces de izquierda, les perdieron completamente el miedo a los militares y les quitaron sus prerrogativas constitucionales y su condición de garantes, además de comenzar a juzgarlos al margen de la legalidad vigente.
Y ahí sucedió algo inesperado: los jefes militares que fueron asumiendo en los '90 se pasaron al bando adversario para juzgar a sus camaradas perseguidos por los jueces de izquierda. Les encontraron toda la razón a éstos. Declararon culpables a dichos camaradas, que habían debido combatir contra los veinte mil o más guerrilleros armados que había en el país. La culminación de esta "vuelta de chaqueta" tuvo lugar cuando un comandante en jefe del Ejército describió a los bandos que habían estado en lucha como "nuestros camaradas y las víctimas", respectivamente. A partir de entonces ya no se habló más del miedo de los civiles a los militares, sino del de éstos a aquéllos, miedo que ha tomado caracteres de pánico, pues durante los anteriores gobiernos de la Concertación hasta se eliminó de textos oficiales del Ejército avances institucionales registrados entre 1973 y 1990.
Esa es la etapa en que nos encontramos hoy, y por ello es perfectamente explicable que en el artículo "200 años: Chile y su Ejército", del actual Comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, en "El Mercurio" de hoy, no se diga una sola palabra de la que posiblemente sea la cuarta más importante actuación del Ejército en esos 200 años, después del triunfo en las guerras de la Independencia, contra la Confederación Perú-Boliviana y del Pacífico: el logrado contra el ejército marxista clandestino y el terrorismo del igual origen con que se pretendió asolar al país mediante asociaciones ilícitas como el MIR y FPMR.
Si esas amenazas armadas hubieran triunfado, el destino de Chile habría sido muy diferente, y ciertamente peor. Probablemente centenares de miles de chilenos pacíficos habrían debido optar por el exilio, en lugar de tener que hacerlo sólo la decena de miles de comprometidos con el terrorismo, que huyó a raíz de la derrota de éste.
Faltó un párrafo al efecto en el artículo del Comandante en Jefe. Como dije, es una omisión explicable, pero es fundamental, porque el mayor motivo de agradecimiento de una mayoría ciudadana al Ejército deriva de su acción de 1973, que permitió evitar la entronización en Chile de un régimen totalitario del cual, como ha sido el caso de Cuba, podría haber sido imposible hasta ahora salir.
HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE
El joven médico obstetra Raúl Martínez, junto con elegirse un nuevo Presidente y creyendo que se iniciaba "una nueva forma de gobernar" y no, como unos pocos temíamos, que para efectos prácticos fuera sólo un V Presidente de la Concertación, aceptó el cargo de Seremi de la Región de Atacama.
Allá se trasladó y recayó sobre él una importante responsabilidad: la de estudiar técnicamente la calificación ambiental de dos centrales termoeléctricas, las de Barrancones y Castilla, que habían sido objetadas por la anterior Seremi, de la Concertación. Después de reunir todos los antecedentes técnicos, durante dos meses, resolvió que las centrales no tenían el carácter de "contaminantes", que les impedía instalarse, sino sólo el de "molestas", que les permitía operar.
Cuando, en el caso de Barrancones, una intervención presidencial intempestiva llevó a que la empresa GDF Suez desistiera de ese proyecto, el doctor Martínez presentó su renuncia, por considerar que la institucionalidad ambiental había sido pasada a llevar por una decisión personal y discrecional del Presidente.
Cuando se aprestaba a volver a sus tareas de médico obstetra en un hospital público, la Corte de Apelaciones de Copiapó, acogiendo un recurso de protección interpuesto por ambientalistas, también pasó por sobre el informe técnico del doctor Martínez relativo a la central Castilla. Refiriéndose a este último caso, el doctor Martínez declaró ("La Segunda", 16.09.10): "En el primer informe que dictó la Seremi anterior había errores significativos, groseros, que no tienen nombre. Hacer mal el cálculo de la contaminación de un determinado proyecto es algo que la Corte de Apelaciones no considera un error y eso es un chiste. Yo me demoré casi dos meses en emitir una nueva resolución, en base a datos científicos que me permitieron tomar una resolución fundada y calificar a esa empresa como "molesta", porque cumplía con la normativa ambiental. Los datos están y se pueden revisar".
Uno sabe dónde comienza la demagogia, pero no dónde termina. Primero la practicó el Presidente con Barrancones, y como la política ha penetrado tan hondamente al Poder Judicial, la Corte de Copiapó le replicó: "su demagogia y seis más", porque la capacidad de generación de Castilla es seis veces la de Barrancones.
Los alegatos ante la Corte fueron un lunes y el miércoles dictó resolución rechazando la central. El doctor Martínez se había demorado dos meses en estudiar los antecedentes técnicos, antes de emitir la suya aprobando el proyecto.
El país, cuyo Presidente le ha brindado tantas iluminaciones feéricas en estos días (con cargo al erario), se verá enfrentado al peligro de oscurecimiento en el futuro, debido a la escasez de energía. Ya se ha anunciado, además de los rechazos de centrales descritos, la postergación de Hidroaysén, que está también bajo la mira de los ecologistas.
El doctor Martínez había decidido aportar su esfuerzo al gobierno que contribuyó a elegir, trabajando como Seremi los cuatro años del mandato de Piñera, pero se desilusionó en pocos meses. Sobre el caso Barrancones y ante la nula atención a los antecedentes técnicos, dice: "Mejor que se hagan las cosas como quiera el Presidente de la República". Y a raíz de lo de Castilla comenta: "Si ese caso se va a dar en todos los procesos medioambientales, es mejor que la institucionalidad ambiental no exista".
Quiso servir a su país y técnicamente fundamentó la procedencia de la construcción de dos centrales termoeléctricas que Chile necesita con urgencia. Pero la demagogia pudo más. Ahora vuelve, desilusionado, por supuesto, a su ciudad de origen y a su función de médico obstetra, más pobre de lo que llegó, dice. Por suerte todavía no había alcanzado a vender su casa.
Por su esfuerzo en el sentido de impulsar el progreso de Chile y su crecimiento económico, enfrentando la demagogia imperante, este blog ha resuelto conferirle su "Premio Bicentenario al Patriotismo".
El galardón es modesto y hasta gravoso, pero significativo, porque está lleno de agradecimiento patriótico. Pues consiste sólo en un ejemplar de la edición de hoy de este blog, elegantemente enmarcado (esto último, eso sí, a costa del galardonado) para orgullo de su descendencia y edificación de las futuras generaciones.
Ojala hubiera muchos chilenos con el coraje y el sentido de la función pública del doctor Raúl Martínez.
LUIS CASADO
Cuando a algún genio se le ocurrió someter los bancos europeos a pruebas de esfuerzo te adelanté que no servirían de mucho. Entre otros porque quienes evalúan las pruebas de esfuerzo forman parte del universo de forajidos que aprovecha cualquier información para especular. De entrada, ¿qué es un crash test? Simple: se trata de simular en el papel que los bancos se ven enfrentados a una situación crítica en razón de acontecimientos imprevisibles (si fuesen previsibles no habría situación crítica o no debiese haberla) para determinar cuáles son sus posibilidades de sobrevivir. ¿Qué clase de "acontecimiento imprevisible"? Pos eso: un deterioro general de la economía y algunas de sus secuelas: aumento del desempleo, impago de créditos, devaluación de inversiones. ¿Imprevisible? Cada año designan una suerte de premio Nobel de economía y la Universidad de Harvard y la London Economic School excretan cientos de economistas expertos. ¿Cómo es posible que vainas como la economía, el empleo o la solvencia de los deudores sea algo tan imprevisible? Hace unos años conocí a un funcionario del Banco Santander de Santiago que declaró ser "experto en riesgo". Un chato pagado para evaluar el peligro potencial que representa cada cliente de esa insigne institución, con formulitas, algoritmos, programas informáticos, procedimientos y reglas destinados, justamente, a evitar los riesgos. Igual el Santander perdió algunos cientos de millones de dólares con el estafador Bernard Madoff. ¿Evaluadores de riesgo? Como diría Horacio: "¡Chúpame un huevo!"
Pasa que los bancos ya no se dedican a la actividad bancaria, sino a especular, que es más rentable. De ahí que se inventasen algunas reglas mínimas para que los bancos no se vayan el chancho. Por ejemplo el indicador Tier 1. ¿Y eso, qué es? Un coeficiente que mide la solvencia sumando lo que cada banco tiene en capital más reservas, beneficios no distribuidos y participaciones preferentes para hacerle frente a los activos: créditos concedidos, acciones y otras inversiones de riesgo. Úsease, el dinero que tienen garantizado, -sus recursos propios-, frente a aquel que tienen comprometido en alguna inversión no del todo fiable. Se supone que el mínimo es un 6%, y que cuanto mayor es el porcentaje, mayor es la solvencia. Los acuerdos de Basilea, ¿te dicen algo?
En claro, por cada dólar de capital propio un banco no debiese prestar más de diecisiete. ¿Capici? O sea que los bancos prestan plata que no tienen. Cobrar intereses por dinero que no tienen, ese es su negocio. Y ahí está el riesgo. Porque si una mínima fracción de esos créditos deviene insolvente, el banco quiebra. Si un 6% de sus créditos (0,06) es insolvente, desapareció la integralidad del capital propio. Ahora bien, ¿Te sorprendería saber que en los EEUU hubo bancos que prestaron 135 dólares por cada dólar de capital propio? ¿Me creerías si te dijese que para cumplir con la norma del 6% los bancos ocultan parte de los créditos que conceden?
Hoy por la mañana la prensa europea titula: "Castigo a la banca europea por las dudas sobre las pruebas de esfuerzo. La desconfianza impacta en las primas de riesgo de los países periféricos al difundirse que algunas entidades habrían ocultado parte de su cartera de deuda".
The Wall Street Journal sembró la duda sobre los resultados del crash test realizado en Europa al revelar que grandes bancos, -como Barclays o Crédit Agricole-, escondieron parte de sus colocaciones en deuda pública para no verse penalizados. Es lo que en Chile llaman "la transparencia de los mercados financieros", esa que genera la "confianza". Por si fuese poco la patronal alemana desveló que sus grandes bancos (muy expuestos también a la deuda soberana) necesitarán más de € 100 mil millones de capital para cumplir con las nuevas regulaciones. Europa vuelve a despertar sospechas. En fin, la banca europea.
Las Bolsas volvieron a caer, y el sector financiero vive algo parecido a una depresión: el crédito está seco, el mercado interbancario apenas arranca y las entidades solo sobreviven por las inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Los balances de la banca europea están llenos de bombas de tiempo. En España y Reino Unido están contaminados por la burbuja inmobiliaria, en Alemania o Francia acumulan grandes cantidades de deuda pública de los países con problemas.
Una vez más declaro que no me gusta tener razón. Porque toda esta borrachera la está pagando el personal. Y como puede verse, queda mucho por pagar.
MANUEL SALAZAR SALVO
PUNTO FINAL
Para no pocos, la reapertura de la investigación judicial del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 1° de abril de 1991, es como una experiencia ya vivida, lo más cercano a un déjà vu , el término acuñado por el francés Emile Boirac (1851-1917) en su libro El futuro de las ciencias psíquicas .
En esta ocasión, la paramnesia la provocó Mauricio Hernández Norambuena, "Comandante Ramiro", ex miembro de la dirección del FPMR quien cumple una condena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto.
Hernández Norambuena, en entrevista difundida por Chilevisión, formuló impactantes declaraciones sobre la aún oscura trama que rodeó el crimen de Guzmán, ideólogo de la UDI, así como respecto a las actuaciones del FPMR, de la policía y los servicios de inteligencia en el período 1986-1993, coincidente con el retorno a la democracia. De tal magnitud fueron sus dichos, que en tiempo récord los tribunales reabrieron el caso. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, se abocó de inmediato a buscar nuevos antecedentes y a interrogar a los involucrados en el asesinato del líder de la Unión Demócrata Independiente e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet.
"Comandante Ramiro", condenado a dos cadenas perpetuas en Chile (la primera por el crimen de Guzmán y la segunda por el secuestro de Cristián Edwards del Río), se fugó con otros frentistas de la Cárcel de Alta Seguridad en un espectacular rescate en helicóptero el 30 de diciembre de 1996. Catorce años después, el antiguo jefe de la Unidad Especial del FPMR, encargada de las operaciones más riesgosas, dijo estar dispuesto a contar todo lo que sabe a cambio de volver a Chile. Pero, ¿qué es lo que realmente sabe Hernández que produjo tanto revuelo en los ámbitos políticos y otras esferas vinculadas al caso?
En lo concreto, sólo un aspecto relevante que atañe al proceso: conoce la identidad de todos los comandantes que tomaron la decisión de asesinar a Guzmán; es decir, a todos los responsables intelectuales. Ello, si la decisión fue colectiva, como aseguró en la entrevista. Hernández refutó una "tesis para limpiar las responsabilidades colectivas" y "justificar opciones impresentables, como la traición", y acusó directamente a Enrique Villanueva Molina, "Comandante Eduardo", de haber desertado para colaborar con los organismos de seguridad del gobierno de Patricio Aylwin. Aseguró que Villanueva sabía que Guzmán sería ultimado y podía "trasvasar" esa información a los servicios de seguridad, preguntándose ante la cámara: "Por qué no informó...? ¿O tal vez informó...?".
"Ramiro" reveló también la pérdida de 500 mil dólares del FPMR y sugirió que en esto tuvieron responsabilidad otros miembros de la Comandancia del Frente.
Entorno de la entrevista
Las declaraciones de Mauricio Hernández se exhibieron en un extenso especial del programa "En la mira". También fue entrevistado Humberto López Candia, ex miembro del MIR y colaborador de "La Oficina", como se conoció al Consejo de Seguridad Pública. López Candia cumple once años de condena por enviar cartas bombas a la embajada de EE.UU. en Santiago. Otros entrevistados son el abogado Luis Hermosilla y Jorge Barraza, ex jefe de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales, que tuvo papel protagónico en las diligencias policiales del asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards. También se incluyeron opiniones del senador de la UDI, Andrés Chadwick, y del diputado del PDC, Jorge Burgos.
López Candia y Barraza aportaron considerable leña para calentar la pantalla. El primero afirmó que el senador Camilo Escalona, ex presidente del Partido Socialista, reclutó, a fines de los 80, a militantes que tenían formación militar para trabajar en un comité de seguridad que se estaba formando en torno al comando de Patricio Aylwin. Aseguró que Roberto Moreno, ex dirigente del MIR, fue contratado por el Ministerio del Interior como enlace con el mencionado comité de seguridad, en el que laboraba como informante un tal "Velásquez", incrustado en la estructura frentista que dirigía Hernández Norambuena. Barraza, en tanto, afirmó que la orden de asesinar a Guzmán la dio "El Chele", Juan Gutiérrez Fichmann, otro comandante del FPRM.
Mauricio Hernández habló casi cuatro horas con los dos periodistas chilenos que lo entrevistaron en su prisión en Brasil, pero los televidentes sólo pudieron ver unos 60 minutos de esa conversación. El juez Carroza, eso sí, tiene una copia de la grabación completa.
Otro aspecto sorprendente es cómo se gestó la entrevista. Fue pedida insistentemente desde hace unos cuatro años por el periodista Luis Narváez, del diario La Nación . Cuando finalmente se la concedieron, en el mes de julio, el gerente general del periódico, Francisco Ferez, consideró que no era de interés para el medio. Narváez fue autorizado para tomar sus vacaciones y negociar con otro medio aquella entrevista, lo que hizo con Chilevisión.
El cóctel que resultó de las declaraciones de Hernández, López y Barraza fue de magnitud.
Uno de los primeros en reaccionar, trompeta en mano, fue el ex vocero de la dictadura Francisco Javier Cuadra. Aseguró que antes del asesinato de Guzmán había conocido una lista de posibles víctimas del FPMR, en la que figuraban él mismo y los senadores Sergio Fernández, Sergio Diez, Sergio Onofre Jarpa y Jaime Guzmán. Cuadra, quien por esos años estaba ocupado tratando de conseguir pruebas para acusar de consumo de cocaína a parlamentarios de Renovación Nacional, dijo que conoció la amenaza a través del general Jorge Ballerino, entonces jefe del comité asesor de Pinochet y que, a su vez, estaba dedicado a dirigir las intervenciones telefónicas del Congreso y de algunos senadores como el actual presidente de la República, Sebastián Piñera.
El juez Carroza probablemente no imagina lo que se le viene encima. Decidió interrogar a López Candia, un informante que alimentó con todo tipo de datos durante casi dos años a una periodista del diario La Tercera que intentaba descifrar los secretos de "La Oficina". Esa reportera trabajó en el comando del precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, y apareció vinculada a un extraño caso de vigilancia al también precandidato presidencial, Sebastián Piñera.
La comandancia del FPMR
Las sospechas que han tratado de instalar los medios son dos: la primera, el probable ocultamiento por instancias del gobierno de Aylwin de antecedentes que hubiesen permitido evitar el asesinato del senador Guzmán; la segunda apunta al presunto encubrimiento de algunos culpables. En esta última teoría, los dardos siempre han señalado a Juan Gutiérrez Fichmann, "Comandante Gabriel", apodado "El Chele", casado a comienzos de los 80 con la hija de Raúl Castro, actual presidente de Cuba, de la cual se separó antes de volver a Chile en 1987, año en que se produjo la escisión entre un sector del FPMR dependiente del Partido Comunista, y otro grupo al que se conoció como FPMR-Autónomo.
La dirección del FPMR-Autónomo se reestructuró tras la muerte de su jefe, Raúl Pellegrin Friedman, "Comandante José Miguel", en octubre de 1988, luego del inicio de la "guerra patriótica nacional" con el asalto al poblado de Los Queñes. En la huída, Pellegrin y Cecilia Magni, "Comandante Tamara", fueron capturados en las inmediaciones de San Fernando y asesinados por miembros de la inteligencia de Carabineros.
Entonces regresó a Chile y asumió la jefatura del FPMR Galvarino Apablaza Guerra, "Comandante Salvador", uno de los cuadros militares del PC formados en Cuba. Su segundo al mando fue Iván Figueroa Araneda, "Comandante Gregorio", ex cabo de la Fuerza Aérea. En tercer lugar quedó Roberto Nor-denflycht, "Comandante Aurelio", jefe de las fuerzas especiales del FPMR, quien murió en un ataque al aeródromo de Tobalaba en agosto de 1989, y fue sucedido por Mauricio Hernández Norambuena. En cuarto lugar, estaba Juan Gutiérrez Fichmann, y a continuación figuraban los comandantes "Bernardo", "Joaquín" y "Eduardo". Este último, también conocido como "Luis" o "Comandante Eduardo Salas", ocultaba la identidad de Enrique Villanueva Molina, ex subteniente de la FACh, marginado de la dirección del FPMR en marzo de 1990 junto a "Bernardo", acusados de responsabilidad ineludible en la muerte de Roberto Nordenflycht, en Tobalaba.
Golpe de timón de Ramiro
Al revisar las declaraciones del FPMR en aquellos años, y los contenidos de El Rodriguista, su boletín oficial, surgen antecedentes que permiten suponer que tras una consulta nacional y un debate en el seno del FPMR, iniciados en diciembre de 1990 -que en su primera parte se prolongó hasta marzo de 1991, y donde no participaron Hernández Norambuena y su unidad especial-, la dirección nacional del Frente comprobó que la mayoría de los frentistas se inclinaban por la vía política y democrática, descartando el accionar armado. En ese escenario, cuando fue evidente que era necesario un giro en la conducción, Hernández Norambuena y algunos de sus hombres decidieron efectuar el atentado a Jaime Guzmán, una desesperada maniobra para impedir el cambio de rumbo. De hecho, el asesinato congeló de inmediato el proceso de consulta al interior del FPMR.
Cuatro meses después, en agosto de 1991, cuando se pudo reunir nuevamente la dirección del FPMR, "Ramiro" admitió su responsabilidad. Pero aseguró que poco antes del atentado a Guzmán le había informado a "Salvador" y "Gabriel". Los comandantes aludidos habrían asentido, respaldando ante los demás la decisión de Hernández. De no hacerlo, aseguran ex rodriguistas, el FPMR se habría quebrado de inmediato. Y "Ramiro" controlaba los más avezados cuadros militares, además de las estructuras logísticas de seguridad.
En los años siguientes, los caminos de "Ramiro" y "Salvador" se bifurcaron cada vez más. El primero se vinculó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a otros grupos revolucionarios, en un afán por extender la lucha armada en América Latina. Pero finalmente cayó preso tras el secuestro del publicista brasileño Washington Olivetto; "Salvador" (Galvarino Apablaza Guerra) se radicó en Argentina con su esposa, la periodista Paula Chahín Ananías, colaboradora de PF, y sus hijos. Apablaza ha solicitado refugio político en Argentina y su petición está pendiente de resolución. Sin embargo, hay pocas posibilidades que sea extraditado a Chile, según ha manifestado el gobierno argentino.
Otra vertiente distinta del caso Guzmán corresponde a los subterráneos del soplonaje y la delación. A esos niveles, siempre es difícil y riesgoso descender
(Publicado en Punto Final, año 45, edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010
